Superintendente de Salud niega corrupción en audio con exinterventor de Cafesalud
La Red Nacional de Veedurías relacionó al funcionario con el delito de interés ilícito en la celebración de contratos.

Luego de que Pablo Bustos, presidente de la Red Nacional de Veedurías, diera a conocer que presentó ante la Fiscalía una solicitud de investigación penal en contra de Fabio Aristizábal, actual superintendente de Salud, el funcionario, a través de un comunicado de prensa, se pronunció diciendo que no está relacionado con ningún tipo de actos irregulares.
El cuestionamiento por parte de Pablo Bustos se basa en unos audios en los que supuestamente aparece el superintendente entablando una conversación con Luís Guillermo Grosso, exinterventor de Cafesalud, investigado por un presunto caso de corrupción en el sector salud. De acuerdo con el representante de la Red de Veedurías, el funcionario habría incurrido en el delito de interés ilícito en la celebración de contratos.
Fabio Aristizábal señala que los audios corresponden a años anteriores a sus actuaciones en funciones públicas, y que en estos no se señala algo irregular, ni que sea objeto de reproches. Textualmente dice que “este es un ataque más, y sin fundamento alguno, para tratar de frenar mi gestión en depurar y moralizar el sistema de salud en Colombia”.
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En el comunicado, el superintendente de Salud, dice: “Para la fecha de las conversaciones (2016-017), no existía ningún cuestionamiento penal conocido sobre el señor Luís Guillermo Grosso”. Expone que en el momento de la conversación señalada en los audios Grosso tampoco desempeñaba funciones públicas.
Aristizabal enfatiza que empezó "a cumplir funciones públicas el 13 de agosto de 2018, años después de las conversaciones conocidas": "No he sido asesor de ningún congresista ni tuve contrato alguno con el Estado durante los años en que tuvieron lugar estos audios”.
"Mi labor como superintendente ha estado encaminada a luchar contra la corrupción, depurando el sistema de aquellos actores que no ven la salud como un derecho fundamental, y que creen que con estas intimidaciones lograrán impedir o revocar mis decisiones”.
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