Uribismo está a punto de perder una curul en el Congreso por un limbo jurídico

El pasado 8 de septiembre, el representante a la Cámara del Centro Democrático Edwin Ballesteros renunció a su curul debido a una investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra, por presuntos hechos de corrupción cuando trabajó de la mano con el exgobernador de Santander Richard Aguilar.

El escaño no ha sido reemplazado debido a que aún persisten dudas jurídicas sobre si en este caso, por tratarse de posibles delitos contra la administración pública, cabe la aplicación de la figura de la 'silla vacía'.

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A raíz de esto, la Cámara solicitó un concepto a la Fiscalía General de la Nación -a mediados de septiembre- para establecer la condición judicial de Ballesteros y determinar si dicho escaño puede ser ocupado o no. No obstante, el oficio no se ha respondido y la curul hasta el momento continúa vacante y en riesgo de perderse. 

Esto quiere decir que sigue en el limbo la posibilidad de que el Centro Democrático complete el número de congresistas con Liliana de Cote en esa corporación, quien es la siguiente en la lista de candidatos de esa colectividad y quien se había quedado por fuera con una diferencia de aproximadamente cien votos.

No ocurre lo mismo ocurre en el Senado de la República tras la renuncia de Richard Aguilar, quien también está siendo indagado por presuntas irregularidades en contratación cuando se desempeñó como gobernador de Santander y quien sí fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia. 

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El escaño, que le pertenece a Cambio Radical, no ha podido ser reemplazado con Juliana Escalante, quien es la que sigue en la lista de ese partido político porque aún no ha llegado una notificación oficial por parte de la Corte Suprema de Justicia en la que se detallen las fechas de la presunta comisión de las faltas, para establecer si cabe la aplicación de la silla vacía.

Sin embargo, en el Congreso prevén que en este caso sí opere dicha figura teniendo en cuenta que el artículo 134 de la Constitución establece que la misma se da desde el momento de la captura de algún funcionario por presuntos hechos de corrupción.