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Germán Vargas Lleras, exministro de Vivienda
Germán Vargas Lleras, exministro de Vivienda
Foto de Colprensa

El excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, rechazó las mentiras que según él, han lanzado para desacreditarlo, así como a quienes se han opuesto a las objeciones que hizo el presidente Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El dirigente político aprovechó para explicar en su columna en el diario El Tiempo, de qué manera ha apoyado la extradición para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada y resaltó que “olvidan deliberadamente que yo fui el autor y ponente del restablecimiento de la extradición en el país, en épocas en que ponerle cara al tema era sentencia de muerte, y muchos de quienes se proclaman hoy abanderados de esta causa, en ese entonces pasaron vergonzosamente de agache, y que como ministro del Interior y de Justicia firmé centenares de órdenes”.

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Calificó de estéril la discusión en el Senado sobre la función de la JEP frente a la extradición y demás mecanismos de cooperación judicial, poniendo en evidencia la intransigencia de la la comisión primera, tras señalar que el lunes “para no votar en primer debate la reforma de la justicia, impidieron que se debatieran los proyectos de delitos conexos de la Fiscalía y el de reforma política, de su propia autoría, en 5.° debate.”

Advirtió que que así seguirán los movimientos políticos durante este año, criticando al partido Centro Democrático e interpretando sus acciones como intenciones claras para participar en las elecciones regionales y locales de octubre.

“No hay orientación, no hay interlocutores, no hay ministros al frente de los debates. La improvisación, la política al detal, las agendas personales de cada quien están impidiendo la aprobación de los grandes proyectos transformadores que necesita el país”, dijo.

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Por último, aseguró que todo se reduce a un pulso político, que solo persigue la confrontación y que las reformas no tienen posibilidades de ser aprobadas en el Congreso y que eso se traduce en un alto costo político para el Gobierno.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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