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Estos presuntos abusos, de acuerdo a un informe, tienen su origen en presiones procedentes del Estado.

Senado de la República de Colombia
Vista general del recinto del Senado de la República.
AFP

Según la clasificación anual publicada por la Unión Interparlamentaria (UIP), el principal interlocutor parlamentario de las Naciones Unidas, Venezuela es el país del mundo donde los parlamentarios sufren mayores violaciones de los derechos humanos, con 102 presuntos abusos registrados al día de hoy.

Colombia ocupó el séptimo lugar en la lista general, con 22 presuntos casos, no obstante, junto a Venezuela, son los únicos países de todo el continente americano en el top 10.

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Yemen figuró en el segundo puesto de la tabla con 71 violaciones; Turquía el tercero con 58; Camboya el cuarto con 57; le sigue Palestina que tiene 39 presuntas violaciones, y República Democrática del Congo, 34,  de acuerdo con la centenaria institución que aglutina a los legislativos de todo el mundo.

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La organización recoge y trata de investigar actualmente un total de 533 denuncias de abusos cometidos contra parlamentarios en 40 países, el segundo número más alto registrado por la institución.

La lista incluyó 111 nuevas denuncias a lo largo de este año, en su mayoría procedentes de Venezuela y Yemen, explicó UIP en su comunicado, en donde explica que su lista es acumulativa, es decir que considera también los casos de años anteriores aún no cerrados.

Las denuncias provienen especialmente de países "en crisis política, donde el Gobierno ejerce una presión abusiva sobre los parlamentarios de la oposición", señaló el comunicado.

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En este sentido, la presidenta del comité de derechos humanos de la UIP, Aleksandra Jerkov, resaltó que la mayoría de los abusos sufridos por parlamentarios tienen su origen en presiones procedentes del Estado.

Tales presiones "no son solo un abuso contra la democracia, sino también un signo de debilidad", señaló, haciendo un llamado para que los distintos gobiernos permitan a los parlamentarios "desempeñar su labor sin temor a represalias".

Las violaciones más frecuentes que sufren los parlamentarios son, según la UIP, la suspensión abusiva del mandato parlamentario, la realización de juicios sin las debidas garantías y la violación del derecho a la libertad de expresión.

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Las amenazas, actuaciones intimidatorias, torturas y malos tratos ocupan la cuarta posición en la lista de violaciones más frecuentes, pero son las principales en América, que tiene un registro de 134 denuncias, la mayoría provenientes de Venezuela. 

La UIP recordó en ese sentido que ha propuesto en repetidas ocasiones el envío de una misión de verificación de las denuncias de parlamentarios venezolanos desde el comienzo de la crisis política, pero que éstas propuestas han sido rechazadas. 

Las cifras generales en 2019 marcan una ligera disminución en comparación con el récord de 564 casos examinados en 2018. Esto se debe a que la UIP pudo cerrar 66 casos de presuntas violaciones contra parlamentarios en nueve países: Maldivas (49), Turquía (4), Israel (3), Fiji (3), Filipinas (3), Bangladesh (1), Colombia (1), República Democrática del Congo (1) y Ecuador (1). 

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Sin embargo, las cifras confirman una tendencia al alza constante desde la fundación del Comité en 1977, cuando los miembros examinaron 40 casos de violaciones de los derechos de los parlamentarios de nueve países. 

La oposición y los parlamentarios independientes representan la mayoría de los casos ante el Comité de la UIP, 70 % y 16 % respectivamente. El número de casos relacionados con mujeres parlamentarias ha disminuido de 114 en 2018 a 85 en 2019.

Por primera vez, la UIP también examinó el caso de un parlamentario cuyos derechos han sido violados debido a la orientación sexual. 

Jean Wyllys ha sido miembro de la Cámara de Diputados de Brasil desde 2010. Es el primer miembro brasileño abiertamente gay del Congreso y un conocido y activo defensor de la comunidad LGBTI. En enero de 2019, Wyllys renunció a su escaño parlamentario y se exilió debido a las repetidas amenazas y al supuesto fracaso de las autoridades brasileñas para ofrecerle la protección adecuada.

Fuente

EFE

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