Alcaldes, los funcionarios públicos más corruptos en Colombia: MOE
Entre 1991 y 2017 han sido condenados por corrupción 443 mandatarios locales elegidos popularmente.
Un sinfín de escándalos ha empañado al país por cuenta de la corrupción, siendo los funcionarios públicos los principales actores involucrados en estos casos.
Según lo revela Así Roban a Colombia, un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), un total de 679 políticos en el período desde 1991 y hasta el 2017 han sido condenados por corrupción.
De esta cifra, 443 son alcaldes. Con el agravante de que todos ellos llegaron a sus cargos por elección popular, lo que según expertos ha causado la pérdida de credibilidad por parte de la ciudadanía.
De acuerdo con Gabriel Angarita Serrano, subcoordinador del componente de administración pública y de corrupción de la MOE, dicha pesquisa corresponde a “más de 15 mil sentencias y fallos que han sacado los entes de control y las cortes en contra de funcionarios públicos únicamente de elección popular, los cuales han sido condenados y sancionados por delitos únicamente contra la administración pública”.
En este orden de ideas, de los más de 600 políticos condenados, 337 han sido sancionados por la Corte Suprema de Justicia, 161 por la Procuraduría General de la Nación, 128 por la Contraloría General de la Nación, mientras que 32 se han dictado desde el Consejo de Estado y 21 por Tribunales, dice el informe.
Angarita destacó que “esto se evidencia en la cantidad de carruseles y de carteles. Hemos visto el cartel de la hemofilia, el de los locos, el de los pañales, el de los almuerzos escolares, el de la toga; desafortunadamente se utilizan casi todos los organismos que haya y casi todos los sectores en el país para tratar de robar plata o usufructuar el erario público”.
Así mismo, el experto en administración pública y temas de corrupción de la MOE explicó que es tan alto el deseo de parte de algunos funcionarios de robar el patrimonio, que “se están afectando temas muy importantes como la alimentación escolar, en que se pierde el respeto hasta por lo más básico como lo es la alimentación de los niños, solamente por el deseo de beneficios propios que termina desangrando al país”, aseveró Angarita.
Los alcances de los alcaldes
Presupuestos establecidos, así como la capacidad de ordenar gastos públicos, le dan a los alcaldes y a los gobernadores la mayor injerencia sobre el gasto público lo que, según Gabriel Angarita, “la capacidad de ordenar gasto hace que el acalde tenga más poder y por esto incurra en mayores faltas a diferencia de por ejemplo, un concejal que no tiene un presupuesto a la mano”.
Angarita además afirmó que “el poder de control o de vigilancia que tienen las instituciones se centra en las ciudades capitales, donde históricamente se han visto muchos casos de corrupción”.
Pero agregó que “como Colombia es un país extenso, infortunadamente el gobierno no ha podido llegar a todas las regiones y a veces hay mucho espacio, mucho tiempo o permisibilidad de las instituciones para que las personas que tienen esta injerencia puedan llegar a hacer más actos en contra de la administración pública y no sean tan vigilados”.
De acuerdo con dicha investigación, seguido de los alcaldes con 443 condenas, le siguen los gobernadores con 137 sanciones, los representantes a la Cámara con 43, concejales con 27, senadores con 17 y diputados con 12 condenas por cometer actos de corrupción contra el dinero público.
Los sectores en donde más se roba dinero
De acuerdo con el informe de la MOE, los sectores preferidos por los políticos corruptos para robar dineros públicos son infraestructura (18%), educación (14%), contratos de personal (13%), servicios públicos (11%), equipamiento municipal (7%) y vivienda (4%).
“No se está cumpliendo el deber público de todo funcionario de velar por el bienestar de la comunidad, sino que muchas veces llegan al poder a beneficiarse de la administración pública, aunque no es que sea en todos los casos", señaló Gabriel Angarita, de la MOE.
Agregó que "hemos encontrado un gran número de sectores dentro de la administración pública en el cual usufructúa la administración, es decir no se perdona ningún sector público, sino que se busca ver en qué sector tal vez no hay tanto control ni tanta vigilancia para poder cometer los actos irregulares”.
El informe además detecta nueve modalidades de los políticos para cometer actos de corrupción, en el que se destacan:
Usar el cargo para beneficiarse así mismo, a su familia o amigos; pagar contratos por obras o servicios no entregados ni prestados, incluir sobrecostos en los contratos públicos, pedir sobornos a cambio de contratos, aliarse con grupos ilegales, expedir beneficios contrarias a la ley para obtener beneficios y permitir actos de corrupción por descuido o falta de vigilancia, entre otros.
¿A quiénes afecta y qué tan graves son estos hechos?
Entre tanto, anualmente en Colombia se pierden 50 billones de pesos en corrupción lo que, para Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, este gran número de casos “ha implicado no solamente una pérdida de recursos bastante significativa sino un impacto mucho más amplio y complejo en la sociedad: en la garantía de derechos fundamentales, en la dinámica económica y en la confianza de nuestras instituciones”.
El director de Transparencia por Colombia señaló que prueba de esta problemática son los indicadores como lo expone el índice de percepción de corrupción de Transparencia Institucional Internacional que, según su última versión, otorga un puntaje al país de treinta y siete (37) sobre cien (100), siendo cero los países más corruptos y 100 los menos corruptos.
Hernández destacó además que “la afectación de la corrupción es sobre la sociedad en conjunto, a veces pensamos que es un crimen sin víctimas. Pero son muy concretas y lastimosamente muy silenciosas porque no la percibimos de manera directa y en ese sentido la corrupción política se agrava en la medida que genera una perdida muy fuerte de confianza en la institucionalidad pública, en aquellas normas que nos están regulando nuestra vida social y así es muy difícil que funcione”.
Los escándalos más sonados
Cartagena y Buenaventura son la más evidente prueba de lo que ha venido sucediendo en Colombia respecto a los actos de corrupción que han cometido mandatarios locales, ya que tan solo La Heroica ha tenido diez alcaldes en siete años, mientras que en el puerto se han capturado cuatro alcaldes en los últimos siete años.
Reficar, Odebretch, el 'carrusel' de la contratación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Interbolsa, el cartel de la hemofilia y Foncolpuertos son tan solo algunos de los casos que justamente han causado en la ciudadanía, la pérdida de confianza en la institucionalidad pública.
Este sería un motivo que, según los expertos, podría ser el mayor impulso para que los colombianos acudan a votar la consulta anticorrupción del próximo domingo 26 de agosto.
Para Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia, “esta es una oportunidad histórica de hacer una movilización ciudadana de rechazo total a todas las formas de corrupción. Ese es el valor más importante de la consulta, siendo es una oportunidad que responde a un contexto en el que la indagación ciudadanía es bastante alta porque se busca que con estos hechos se logre detectar, prevenir y sancionar”.
Por su parte Gabriel Angarita, de la MOE, aseguró que “hay mucha gente expectante de lo que pueda pasar el 26 (de agosto) si se logra alcanzar el umbral de participación, porque movilizar más de 12 millones de votantes es complicado más cuando sería la cuarta votación nacional en este año teniéndo las legislativas y las dos de presidencia".
"Creemos que la pedagogía entorno a la consulta popular es importante para que la ciudadanía tenga las herramientas para ver qué está pasando, a qué se refiere esta consulta, qué es lo que está en la ley y que no para que la gente pueda votar informada”, señaló.
Los departamentos con mayores políticos condenados
Dentro de las condenas a políticos por corrupción se encuentran casos como pérdida de investidura, en algunos casos con inhabilidades para ejercer cargos públicos por más de 15 años, así como condenas por casos de para delinquir por más de 40 años.
“Todos los 679 casos ya son de condenas o fallos, ninguno está en investigación, pero hemos encontrado que muchos casos están en segunda instancia o la Corte está revisando el proceso de causación de otros casos. Hay también casos en que es una sanción fiscal o disciplinaria, multas perdida de investiduras o cárcel”, explicó Gabriel Angarita respecto al informe de la MOE.
'Así Roban a Colombia' evidencia que Cundinamarca, Nariño, Santander, Boyacá y Tolima son los departamentos en donde más políticos por corrupción han sido condenados.
Informe sobre corrupción en funcionarios públicos
RCN Radio
