¿Caso de militares acusados de violar a niña emberá puede llegar a la justicia indígena?

El Cauca es uno de las regiones en donde se han proferido condenas por parte de las comunidades indígenas en contra de personas que han cometido delitos dentro de resguardos. Consultamos lo que podría ocurrir en el caso de los militares implicados en la violación de una niña indígena en Risaralda.

El 11 de septiembre de 2014 la guardia indígena de Toribío capturó a siete guerrilleros de las Farc como responsables del asesinato de los comuneros Daniel Coicué y Manuel Antonio Tumiñá.

Ese mismo día, durante el juicio que se hizo en la plaza pública del municipio, alias “Fercho”, a quien señalaron como autor material del asesinato de los dos guardias, fue sentenciado a 60 años de cárcel.

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Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (ACIN), señala que los juicios desarrollados en el ejercicio de la justicia propia, amparado por la Constitución no son exclusivos de una persona o un juez, pues “quien sanciona es un colectivo que toma la decisión de sancionar, aquí hay un hecho y es la connotación del hecho dentro del territorio indígena!”.

Una de las condiciones en la que se ampara el ejercicio de la justicia propia es que el delito haya sido cometido dentro de un resguardo indígena.

Lo ocurrido con la niña de doce años, víctima de abuso sexual por parte de uniformados del Ejército, se presentó en el resguardo Gito Dokabú del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, situación que cumpliría uno de los requisitos para la aplicación de la jurisdicción especial.

El líder indígena del norte del Cauca señala que los implicados en este hecho podrían exponerse incluso a lo que llaman remedio, pues consideran que quienes cometen delitos en contra de otras personas deben ser curados.

“Muchas veces para que se aplique justicia y no quede en la impunidad, que vayan a la justicia ordinaria, hagan un preacuerdo y queden libres, pues simplemente es asumir los usos y costumbres ‘con fuete, con cepo’, con la sanción que debidamente corresponda y el tema restaurativo es decir cómo estas personas reparan a la víctima, también es un asunto a valorar”, agrega Sauca.

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Una propuesta que se estudia es “que la justicia ordinaria y si es posible la justicia indígena, en coordinación, dieran un veredicto frente a la sentencia, el tema de justicia indígena, que es fuerte en el Cauca y no lo es en otros territorios, va a ser algo complicado”, puntualiza el coordinador de Derechos Humanos de la ACIN.

Varios son los juicios que se han cumplido en el departamento del Cauca en el ejercicio de la justicia propia dentro de los resguardos indígenas.

Dentro de esta jurisdicción aunque penas por homicidio superan en su mayoría los 40 años de cárcel, tampoco se ha condenado a alguien a cadena perpetua porque no existe esta pena.