Colombia no suscribirá acuerdo regional para proteger líderes ambientales
La Cancillería informó que ha descartado por el momento la firma del acuerdo de Escazú.
Luego de más de un año de consultas y tras la más reciente Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia decidió que no firmará el llamado Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales es considerado el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe.
Los firmantes del acuerdo se obligan, entre otras cosas, a garantizar el acceso público a toda la información relacionada con asuntos ambientales, además de garantizar la protección de los líderes ambientalistas.
Puntualmente desarrolla tres pilares de la llamada democracia ambiental y crea uno nuevo, según Vanessa Torres, subdirectora de la Organización Ambiente y Sociedad.
“Los tres pilares que desarrolla son: el derecho al acceso a la información pública ambiental, el derecho a la participación ambiental y el derecho de acceso a la justicia ambiental”, puntualizó.
El cuarto pilar es el de la defensa a los líderes, elemento clave para el caso colombiano ya que, según el Atlas de Justicia Ambiental, Colombia es el segundo país del mundo con mayor cantidad de conflictos socioambientales y el tercero en asesinatos a líderes sociales dedicados al medioambiente.
[AUDIO] Informe: La decisión Colombia de no suscribir acuerdo regional para proteger líderes ambientales
“Colombia participó activamente en la negociación del Acuerdo de Escazú y comparte su objetivo”, asegura la Cancillería, en un pronunciamiento oficial.
Desde septiembre del año pasado, el Estado colombiano consideró que debía realizar las consultas necesarias para establecer si debía o no apoyar la iniciativa regional.
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La expectativa de varias organizaciones ambientales estaba centrada en que se diera la firma en la más reciente Asamblea de la ONU, pero no fue así.
El Ministerio añade que “actualmente existen diversos instrumentos nacionales e internacionales que ya vinculan al país en esta materia y cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia constitucional por lo que no se considera necesario suscribir el acuerdo en este momento”.
La Cancillería concluye diciendo que el esfuerzo del Gobierno Nacional actualmente es enfocar todos los recursos en fortalecer la efectividad de la estructura normativa e institucional vigente.
Ante la posición del Estado, Vanessa Torres de Ambiente y Sociedad aseguró que los argumentos esgrimidos no son suficientes para que el país se niegue a suscribir esta herramienta de protección.
“Sí, Efectivamente existen muchas normas. Ya mencionamos que hay desconocimiento, ineficiencia e ineficacia, pero hay un punto importante aquí y es que en Colombia no existe una normativa directa de protección sobre los defensores y defensoras ambientales, lo cual es necesario y digamos que sería un primer paso dentro de la voluntad política del gobierno nacional, la ratificación del Acuerdo de Escazú, para darles garantías a los líderes y lideresas que defienden nuestro territorio y que les está costando la vida”, indicó la vocera.
De los 33 gobiernos de América Latina y el Caribe, el Acuerdo ya fue firmado por 20 países y ratificado por 6 de ellos.
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