Cultivos de coca dejan menos de un salario mínimo al mes a campesinos
Una encuesta sin antecedentes en el país desmiente varios de los mitos sobre las familias dedicadas al cultivo de hoja de coca.
Un estudio adelantado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela que, en promedio, el ingreso mensual neto de una familia campesina cultivadora de coca equivale al 56% del salario mínimo; es decir, menos de 500 mil pesos al porcentaje del mínimo actual.
La encuesta se adelantó con campesinos en veredas de 29 municipios de 12 departamentos que concentran las principales zonas con cultivos de coca.
El propósito era caracterizar tanto las familias que firmaron los acuerdos individuales de sustitución voluntaria del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) como su entorno productivo.
Otras cifras muestran que el tamaño promedio de los lotes sembrados que tienen las familias en las zonas cocaleras es de media hectárea, es decir, que en muchos casos ganarían el 28% de un mínimo.
Dicha cifra desmiente la idea de que los cultivos de coca sean realmente rentables pero también revela que las labores tradicionales de campo son aún menos productivas, develando una muy baja calidad de vida.
Zonas de coca, zonas más pobres
El estudio muestra que los niveles de desarrollo y calidad de vida de las familias involucradas en el cultivo están muy por debajo de los que tiene la población rural en Colombia.
El 57% de los hogares que están en las zonas con cultivos sufren de pobreza monetaria, mientras que en otras zonas rurales dispersas, según el DANE, el índice es de 36%.
En términos de niveles de pobreza, las zonas con cultivos de coca están nueve años más atrás que las zonas rurales.
Carlos Garzón, director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz.
Las causas estructurales de las familias cocaleras
Resulta revelador que siendo los cultivos de coca muy poco rentables, las labores campesinas tradicionales tienen ingresos aún más pírricos, debido a causas estructurales producidas por el histórico olvido estatal.
El 48% de las personas afirmó que sus veredas no cuentan con acceso a vías terrestres.
Del 52% que respondió que sí tiene vías, el 49% señala que las vías están en regular estado y el 35% en mal estado.
Algunas estimaciones muestran que el tiempo promedio del trayecto entre una finca y la cabecera municipal es 5,4 horas.
¿Quiénes son las familias dedicadas al cultivo de coca?
y el 25% son recolectores.
Casi la mitad de los integrantes de las familias que viven en zonas cocaleras (49%) son mujeres, 29% de ellas jefes de hogar que además de las labores del hogar pueden ser jornaleras/recolectoras, finqueras, cocineras y quimiqueras, correos humanos y colaboradoras.
El 41% de la población encuestada tiene menos de 19 años y solo el 32% de la población en edad de asistir a la escuela efectivamente lo hace.
El 92% de la población infantil entre 6 y 9 años ya está trabajando.
Aunque el 59% de los encuestados afirmaron ser “dueños de la tierra”, solo el 13% de ellos cuentan con un documento que los certifica como propietarios formalizados.
Por último, la encuesta deja ver que antes de la aplicación del PNIS, solo el 6% de la población había recibido asistencia técnica, pero luego de la intervención del programa los niveles de asistencia aumentaron hasta un 20% (15.360 familias de las 77.659 que tienen acuerdos individuales).
Un futuro con desafíos
Para la Fundación Ideas Para la Paz, los hallazgos implican desafíos como fortalecer el liderazgo femenino y el rol de la mujer, así como aprovechar el potencial de la población joven para desarrollar el campo.
“La baja rentabilidad comparativa de los cultivos de coca es una oportunidad para el desarrollo de actividades productivas legales, lo cual requiere ampliar la oferta de bienes y servicios”, dice el informe.
Para ello se debe avanzar en la formalización de la propiedad de la tierra e insertar a las familias en el mercado.
Para la FIP hay una necesidad de aumentar el porcentaje de asistencia escolar y disminuir el trabajo infantil, aumentar el acceso a los servicios de salud y mejorar el acceso al servicio de energía eléctrica, entre otras.
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