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Migración Colombia
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Elibardo León Estévez RCN Radio Cúcuta

Miguel Ángel Calderón Quintero es un humilde ciudadano venezolano que se ha convertido en el centro de una polémica que involucra al presidente Duque, a Migración Colombia y a un grupo de abogados y defensores de derechos humanos.

Carolina Moreno,  Directora de la Clínica Jurídica para Migrantes aseguró que “el viernes, el día del toque de queda (22 de noviembre) él está al mediodía, graba un video cerca de donde vive la familia del presidente y dice que todo el mundo está corriendo como loco y se lo muestra a su esposa. Alguien al parecer de la escolta del presidente le pregunta si grabó en video”.

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Agregó que “cuando le piden documentos y se dan cuenta de que es venezolano, supongo que es por eso, le dicen que los tiene que acompañar y empieza una tragedia para esta familia”.

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Un informe posterior de la Policía, particularmente de los encargados de la seguridad presidencial, indica que este hombre habría grabado la residencia familiar de la familia Duque, lo que pondría en riesgo la seguridad del Presidente, su familia y de la propia ciudad de Bogotá. 

Acto seguido, Migración Colombia decidió la expulsión de Calderón por vía administrativa y aunque se interpuso una acción de tutela, en las últimas horas un juez dio vía libre a la medida.

Organizaciones como De Justicia denunciaron la vulneración de derechos en este caso y pidieron incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que decrete medidas cautelares.

Calderón Quintero tiene familia en Colombia y cuenta con todos los documentos para residir y trabajar en el país. De hecho sostiene a su esposa colombiana y a su hijo, de su oficio como repartidor.

No obstante, ante estos lazos familiares, el Director de la Regional Andina de Migración, Henry Corredor,  asegura que la medida de expulsión es legítima.

“El mismo juzgado en su fallo así lo advierte, dice que en todo caso se aclara que este análisis sobre la unidad familiar en ningún modo se opone al ineludible deber de las autoridades por proteger el interés público y asegurar la vigencia de un orden justo, ni a las consecuencias que se derivan para el extranjero que ha incumplido con los deberes y obligaciones impuestos por la Constitución y la ley.

Pero el concepto de la Directora de la Clínica Jurídica para Migrantes, Carolina Moreno, indica que podrían estar juzgando de un plumazo a este domiciliario.

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“Esa decisión no tiene recurso alguno, nadie puede controvertirla en vía administrativa y eso viola el debido proceso, la presunción de inocencia, porque aquí están graduando a un repartidor de domicilios como espía y de gran riesgo para la seguridad nacional”, dijo la abogada.

La expulsión se daría por 5 años a partir de su entrega a las autoridades venezolanas en Cúcuta.

Fuente

RCN Radio

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