Familia reclama que crimen de juez que investigó a Pablo Escobar sea de lesa humanidad

Los familiares del asesinado Juez Primero Penal Superior de Bogotá Tulio Manuel Castro Gil emprendieron acciones legales ante la Fiscalía General y las demás autoridades competentes, con el fin de evitar que este proceso siga en la impunidad y reclamar a la justicia que este crimen ocurrido el 23 de julio de 1985 sea declarado un delito de lesa humanidad.

El día de los hechos, el juez Castro Gil se dirigía desde su despacho en Paloquemao hacia la funeraria Gaviria y en ese momento fue interceptado por un carro del cual se bajaron cuatro hombres encapuchados quienes le dispararon con una ametralladora causándole múltiples heridas y su muerte instantánea.

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Para la familia del Juez Castro Gil, no hay duda que asesinato estuvo ligado a la lucha frontal que realizó desde la administración de justicia contra los carteles del narcotráfico de la época, tras asumir la investigación de casos de trascendencia nacional como el magnicidio del exministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla.

En ese caso, Castro Gil llamó a juicio y emitió orden de captura contra los extintos capos del narcotráfico Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, entre otras diez personas.

Al cumplirse 36 años del crimen del juez Castro Gil, una de sus cinco hijas Catalina Castro, aseguró que la familia aún sigue reclamando verdad sobre este crimen, ya que a la fecha desconocen que pasó con la investigación para esclarecer el asesinato de su padre.

Catalina Castro indicó a RCN Radio que la administración de justicia para la cual sirvió hasta el último de sus días su padre, nunca contactó a su mamá para informar sobre el resultado de su labor de investigación y juzgamiento, y por ello, este crimen hasta la fecha sigue en la impunidad.

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“Hasta cierto punto, por noticias, nos enteramos que funcionarios judiciales que llevaban la investigación, fueron amenazados de muerte por los extraditables y algunos sectores políticos. Hoy, 36 años después, no sabemos quién cometió el crimen, quienes pudieron estar involucrados, si el Estado fue negligente permitiendo que ocurriera”, indicó Catalina Castro.

Así mismo, sostuvo: “El caso de mi papá, como el de muchas otras personas que trabajaron por la justicia ante los trágicos hechos de violencia que afectan al país, quedó en la impunidad”.

De acuerdo con la familia, el juez Castro Gil sabía que lo iban a matar ya que las amenazas eran constantes. Además, tuvo que renunciar a sus escoltas en reiteradas oportunidades, porque detectó inconsistencias en sus rutinas de seguridad, al punto que varias veces se perdieron las llaves de su despacho, descubrió que diversos de sus expedientes judiciales habían sido alterados y sus comunicaciones fueron objeto de interceptaciones. 

“Tantos años de dolor por esa impunidad nos llevan a tomar acción hoy en día, enfrentándonos a las dificultades que supone encontrar respuestas, tras el tiempo transcurrido, pero con decisión, iniciaremos las acciones legales necesarias para obtener las piezas judiciales del caso de mi papá y luchar por que sea declarado crimen lesa humanidad y con ello imprescriptible”, enfatizó Catalina Castro.