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A finales del año pasado entró en vigencia la ley que los obliga a publicar sus declaraciones de renta y documentos financieros. 

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Luego de dos semanas de entrar en vigor la Ley 2013 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios y particulares con funciones públicas a dar a conocer su información de bienes y Rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), solo una pequeña parte de los obligados ha llevado a cabo la publicación.

Dentro de los sujetos obligados se encuentran todos los servidores públicos del nivel directivo de todas las ramas del poder público, así como los contratistas, curadores urbanos, directivos de cámaras de comercio, notarios y hasta jueces indígenas y jurados de votación, según Fernando Segura, Director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública.

“A quienes podemos resaltar de este grupo de sujetos obligados: los ministros, directores de departamentos administrativos, directores de entidades públicas, desde luego el presidente, la señora vicepresidenta de la República, el fiscal general, el procurador, el contralor, los magistrados de las altas cortes, así como los magistrados de tribunales y los embajadores”, dijo el funcionario.

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El presidente Iván Duque sancionó la norma a finales de diciembre del año pasado, pero incluso el mandatario no ha consignado su información. 

De hecho son cerca de 13 mil las personas que deben ingresar sus datos financieros en esa plataforma, sin contar con contratistas, pero hasta ahora solo 250 de ellas los han registrado a corte del lunes 13 de enero. 

El primer funcionario en cumplir con la norma es el Jefe de la Oficina de Tesorería de la Gobernación del Magdalena, Álvaro José Mercado de la Ossa.

Dentro del nivel nacional se destacan algunos funcionarios que ya cumplieron la ley, entre ellos la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano; la consejera para las regiones, Carmen Abudinen y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo.

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[AUDIO] Informe: Funcionarios estatales, sin publicar su información económica.

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La norma también cobija, entre otros servidores públicos, a los alcaldes, gobernadores, diputados y concejales que comenzaron a ejercer sus cargos a principios de 2020. A ellos se les exige, además, el listado de financiadores de sus campañas.

La norma busca ser una herramienta de control social. Los obligados también deben consignar sus conflictos de interés.

En el Parágrafo 1 del artículo 2 se establece que “la publicación de esta información será requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo. A quienes no aplica el ingreso y retiro del cargo será requisito antes, durante y al término del ejercicio de la función pública, prestación de servicios públicos o administración de bienes o recursos públicos”. Pero muy pocos lo han hecho aún.

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“La ley es clara en establecer que esta es una obligación para tomar posesión del cargo. En ese orden de ideas, todos aquellos nuevos mandatarios, así como sus directivos, tuvieron que haber diligenciado la información ante la entidad y ante Función Pública, para hecerlo de cara a los ciudadanos”, dijo Segura.

Los interesados pueden hacer la consulta ciudadana, simplemente con el nombre y apellido de la persona de quien quiera conocer la información o con su cargo en la página de la Función Pública.

Fuente

RCN Radio

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