La violencia que se resiste a abandonar las regiones del país
Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Caquetá y Norte de Santander han sido las zonas con mayores dificultades de orden público.
Distintas acciones ocurridas en los últimos días en las regiones del país han revivido los temores de la población. Diez personas asesinadas entre líderes sociales, médicos tradicionales y un soldado del Ejército, además de ataques contra la fuerza pública, son hechos vistos por las comunidades como un resurgimiento de la violencia.
Los reportes se han venido haciendo desde varias regiones del país y, especialmente, desde hace una semana atrás con más frecuencia.
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El pasado jueves 28 de mayo las comunidades del municipio de Tibú, en Norte de Santander, despertaron con la noticia del asesinato de Wilson Serrano Gómez. La familia informó a las autoridades que el campesino se dedicaba a la recolección de hoja de coca, una labor común en esta región en donde a pesar de los compromisos de sustitución aún se presentan jornadas de erradicación forzada por parte del Ejército.
Un día después, el 29 de mayo, indígenas del norte del Cauca dieron cuenta del hallazgo sin vida de María Nelly Cuetia y Pedro Ángel Trochez, de 55 y 58 años de edad respectivamente, en el municipio de Corinto.
El asesinato de los dos sabedores ancestrales y médicos tradicionales fue considerado como una amenaza para el tejido social de las comunidades.
En esa misma zona, en el municipio de Puerto Tejada, unos días atrás se había reportado la muerte de Anderson Arboleda, un joven que recibió varios golpes en su cabeza en medio de un procedimiento policial en un hecho que fue rechazado a través de redes sociales y por el que se anunciaron investigaciones.
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El politólogo Andrés Chilito, docente de la Universidad del Cauca, cree que “en ambos casos se evidencia propiamente cómo estos grupos poblacionales, especialmente minorías étnicas, se ven afectados por hechos de violencia. En el caso de los indígenas viviendo el rigor del conflicto armado y en el caso de las poblaciones afrodescendientes también por el abandono estatal, por las escasas oportunidades laborales y educativas que permitan el desarrollo propio de sus integrantes”.
[AUDIO] Una semana de hechos violentos en las regiones
Control de territorio por parte de ilegales
El 31 de mayo la comunidad u'wa, en Norte de Santander, informó sobre el asesinato de Joel Villamizar rechazando los señalamientos que sobre el líder nativo se hizo por parte de las autoridades militares, sobre su supuesta vinculación con grupos armados ilegales.
El mes de junio empezó con el reporte del asesinato de Arcangel Pantoja y Omar Agudelo, dos campesinos que fueron sacados de sus viviendas en Puerto Libertador y luego asesinados disparándoles, frente a varias personas.
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Arnobis de Jesús Zapata, líder social en el sur de Córdoba, revela que tras el desarme de las Farc “el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas son los que tienen el dominio de casi todo el sur de Córdoba. Y el silencio de las comunidades es por la presión de estos grupos que están limitando la movilidad de la gente e incluso con el abastecimiento de alimentos”.
Hallazgo de responsabilidades y rechazo por los asesinatos
El mismo primero de junio fue hallado sin vida y con señales de violencia el cuerpo de Hermes Loaiza, secretario de la Junta de Acción Comunal de Pueblo Nuevo en el municipio de Florida, en el Valle del Cauca.
En las últimas horas se informó sobre el asesinato de Julio Humberto Moreno, defensor de Derechos Humanos del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.
Álvaro Díaz Gómez, director del grupo de investigación en estudios políticos y jurídicos de la Universidad Tecnológica de Pereira, señala que “la responsabilidad amplia por parte del Estado colombiano se debe cumplir mínimo con dos actuaciones fundamentales, acciones legales que implica investigación jurídica y judicialización de los culpables pero, además, se requieren acciones políticas expresadas en el rechazo a estos asesinatos”.
Un atentado con una granada contra una patrulla de la Policía en el oriente de Cali, dejando cuatro uniformados heridos el pasado 28 de mayo, y un ataque a militares en el que terminó sin vida el soldado José David Córdoba en el Caquetá, el pasado 2 de junio, demuestra que en los últimos días la intensificación de la violencia ha tocado no solamente a la población civil, amenazando con desbordar el control de las autoridades.
RCN Radio
