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Indígenas.
Le solicitan al Gobierno comprometerse a acompañar estos acuerdos.
Foto: Colprensa

En un hecho sin precedentes, porque representa la combinación de la Justicia Propia que se imparte en los resguardos con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Organización que representa a los 102 pueblos indígenas en Colombia mostrará el resultado de un trabajo que inició en los primeros meses de 2018 y en el que está documentado cada uno de los hechos cometidos en el marco del conflicto armado contra las comunidades nativas en el país.

Óscar Montero, miembro de la Consejería de Paz y Derechos Humanos de Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y coordinador del informe, revela que el propósito del documento es “demostrar no solamente a la JEP sino a todo el país que el tema de los asesinatos a líderes indígenas es sistemático y continuo”.

En el informe, conocido por RCN Radio, hay un detalle de los cerca de 200 mil casos de asesinato, desplazamiento, tortura y amenazas, entre otros, cometidos en las regiones con mayores riesgos para las comunidades indígenas.

“La mayoría de los casos que se presentan son de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Guajira, Antioquia y la región de Sierra Nevada”, agrega Montero.

Aunque los procesos de conquista y colonización han determinado un marco histórico de la violencia contra los pueblos indígenas, para la Onic, es claro que el conflicto armado en el país ha sido el hecho del que se ha derivado la mayor victimización en su contra.

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la organización, destaca que quienes no son indígenas y aquellos que han hecho parte de los actores armados en el país, les han dado un valor a los territorios denominados ancestrales y quieren ejercer control sobre estas zonas “por sus recursos naturales, porque ahí se produce el agua y por su biodiversidad pero también son territorios geoestratégicos para la minería ilegal, el tráfico de armas y para evadir a la fuerza pública, en el caso de los actores armados”.

Pero, y así lo explica el consejero indígena, esa defensa de lo propio ha encontrado como respuesta la violencia ya que “esa posición de autonomía les ha costado la vida a muchos dirigentes, a autoridades, a miembros de las comunidades, por no apoyar a uno u otro actor armado”, destaca Arias tras señalar que a pesar de las afectaciones “siguen manteniendo en esa posición”.

Incluso, señala el consejero Arias, la eliminación de sus pueblos no solo ha sido física, sino también cultural pues “cuando aún las Farc estaban en armas en la región del norte del Cauca, los últimos asesinatos que empezaron a cometer fue contra los ´tegualas´ porque ellos son las autoridades espirituales y tradicionales del pueblo Nasa y lo hacían porque con sus rituales ellos protegían a las comunidades y los territorios”.

A través del auto 004 de 2009 la Corte Constitucional determinó la necesidad de proteger a 36 de los pueblos indígenas que habitan en Colombia por considerar que ante los asesinatos sistemáticos cometidos hasta ese momento, las comunidades sufrirían un proceso de exterminio. Aún hoy las autoridades nativas apelan a ese llamado para proteger a su población.

Fuente

RCN Radio

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