¿Privados de la libertad o de sus derechos? Más de 3.000 internos en Colombia son extranjeros

Un total de 3.680 extranjeros están privados de la libertad en el país; el 90% de ellos es de nacionalidad venezolana, con 3.216 internos, según cifras al corte de diciembre entregadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Le siguen internos de nacionalidad ecuatoriana, con 105 privados de la libertad; mexicanos (42), nicaragüenses (40), brasileños (32,) costarricenses (28), dominicananos (25), panameños (21), españoles (21 ) y peruanos (20).

El 80% de los internos extranjeros están acusados por delitos de hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y homicidio.

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Pero más allá de las situaciones por las que las se encuentran privados de la libertad, existen miles de denuncias por casos de violencia a sus derechos dentro de los centros penitenciarios.

Uno de los casos más denunciados es el alto índice de hacinamiento en las celdas, pasillos y áreas comunes de los centros penitenciarios, en todo el territorio colombiano. Además de las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que hasta el momento es algo que no se ha podido controlar en un 100%.

‘‘Estoy en el tercer piso de la URI de Puente Aranda , en la cual hay seis celdas y el hacinamiento es tremendo porque en una celda, donde la capacidad es para veinte personas, convivimos cincuenta y más’’, afirmo José Daniel Castaño, privado de la libertad.

El segundo caso es la salud y condiciones en las que se encuentran los reclusos; un 40% afirma que la pandemia sirvió como alarma para capacitar y tener elementos de ayuda en el sistema de salud.

Por otro lado, algunos internos denuncian que se les vulnera el derecho a tomar una hora de sol al día, tal como lo establece la ley, por las malas condiciones y espacios reducidos de los penales.

Colombianos en el exterior

Pero más allá de las denuncias ‘‘repetitivas’’, el caso de los colombianos en el extranjero es ‘‘otro mundo’’, afirma una interna.

Uno de los casos más denunciados por los colombianos que se encuentran en el extranjero es la comida en mal estado y el cobro a los familiares en su visita.

‘‘No porque estamos detenidos, nosotros merezcamos comer peor que animales, porque aquí llega la comida descompuesta, los líquidos hacen que las personas mantengan con dolor de estómago, nadie quiere comer, incluso se ha pedido cambio de proveedores, pero la comida sigue siendo la misma’’, afirmo Yuly Constanza Barrau, privada de la libertad.

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Según las denuncias, en Venezuela los colombianos recluidos padecen de hambre y reciben raciones de alimento insuficientes y de mala calidad.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que privados de la libertad recluidos en el estado de Zulia reciben comida de los recluidos venezolanos, quienes comparten su comida con los extranjeros.

‘‘Nos dan tres cucharadas de frijol o de arroz, un poquito de una especie de ensalada con yuca o ñame, una arepa sin relleno o con remolacha rallada, pero la comida es de mala calidad’’, afirmo uno de los reclusos.

Tienen derechos: experto

Algunos internos, además, denuncian que los uniformados de seguridad del penal  les piden dinero a los familiares a cambio de poder visitarlos, llamarlos o permitir el ingreso de medicamentos.

Abogados expertos en materia penal manifiestan que los internos extranjeros tienen las mismas garantías que un ciudadano colombiano, puesto que la constitución aplica en todo el territorio nacional y no existe diferencia en su tratamiento.

‘‘En el caso del extranjero, el estado social de derecho jamás podrá suspender los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la administración de justicia, el Estado colombiano puede ser condenado por cualquier violación en contra del ciudadano’’, afirmo el abogado Juan Manuel Castellanos Ovalle.

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Entre tanto, Estados Unidos emitió un informe del Congreso en el que se reveló que mujeres encarceladas en prisiones federales han denunciado abusos sexuales por parte de los empleados carcelarios.

Según la Agencia Federal de Prisiones estadounidense, se ha abierto más de cinco mil casos de asuntos internos por denuncias de abuso, entre el 2012 y 2020.

De los 5.000 casos denunciados, algunos han tardado años en resolverse, otros aún se mantienen en vigencia y no se han cerrado.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, de la mano con las 42 oficinas a nivel regional, se reciben las distintas solicitudes y denuncias de los internos, las cuales son tramitadas y dirigidas a las autoridades que correspondan haciendo honor a su misión constitucional, basado en ‘‘promover, proteger y divulgar’’ los derechos humanos, incluidas las personas privadas de la libertad.