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Las rutas del narcotráfico, luchas por el territorio, el poder político y falsos positivos azotan a sus habitantes.

Asesinatos de líderes sociales
Un hombre asiste al funeral de Luis Dagua, un líder campesino asesinado y cuyo cuerpo fue encontrado al costado de una carretera con aparentes signos de violencia, en área rural de Caloto (El Cauca), en julio de 2018.
AFP

El cruel asesinato del agricultor Manuel Osuna Tapias, de 67 años de edad, quien además fue decapitado y le quemaron su finca en la Vereda de El Cerro del municipio de San José de Uré, demuestra la forma sanguinaria cómo los distintos grupos armados delinquen el sur de Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño.

Además, cómo imponen el terror para apoderarse de esa región estratégica que conduce al Golfo de Urabá y al Nudo de Paramillo.  

Osuna Tapias era integrante de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), de la cual han sido asesinados otros siete miembros y presuntamente fue víctima de paramilitares del Bloque Virgilio Peralta Arenas más conocidos como los Caparros.

Ellos, junto con el Clan del Golfo, los Pelusos y el ELN ejercen dominio en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño, en una lucha por el control de las rutas del narcotráfico, las tierras y el dominio político.

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En lo corrido del año, según cifras no oficiales, en la zona de San José de Uré han sido asesinados 23 líderes sociales , ocho de Ascsucor y quince que se acogieron al Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS).

RCN Radio acompañó recientemente el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien se reunió con los representantes de las comunidades de San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano, a raíz del confinamiento y desplazamiento de miles de personas que han huido de sus parcelas y cabildos por las amenazas y crímenes que se han intensificado desde el año pasado y hasta la fecha.   

El defensor del Pueblo con las comunidades de San José de Uré
El defensor del Pueblo con las comunidades de San José de Uré.
Cortesía

Osiris Piedrahita, coordinadora de la mesa de víctimas, dice que el conflicto armado afecta a por lo menos seis mil habitantes de esa región que se han desplazado hasta el casco urbano o salieron a otros lugares. “Una comunidad indígena se encuentra en un polideportivo, otros viviendo con familiares, otros pagan arriendo, dijo.

Acota que reciben ayuda de la Unidad de Víctimas y con eso se están sosteniendo. “Esa es una situación difícil, hay temor no queremos seguir como líderes de nuestras comunidades, sentimos mucho miedo”, cuenta en voz baja.

Arnobi Zapata, coordinador de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba y vicepresidente de Anzorc, señala que hay tres grupos armados y otro que está llegando por San José de Uré

“Están intentando un control militar, político, incluso organizativo en el territorio. Ese control obedece a quedarse con las rutas del narcotráfico, las economías ilegales y todo lo que tenga que ver con el poder político”, precisa Zapata.

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Subraya que para lograr sus objetivos estos individuos necesitan tener representación política en los territorios. “No es primera vez que en el sur de Córdoba los paramilitares asumen el poder y en este momento se está fraguando dentro de esos grupos la posibilidad de acceder a las curules que tiene este municipio y este departamento para llegar al poder”, insiste el dirigente campesino.

Agrega que los violentos ya están ejerciendo  influencia en juntas de acción comunal y en las comunidades. “Esto nos permite ver que en las elecciones locales se vean intereses y que obviamente los candidatos sean cooptados por los delincuentes para representarlos en los cargos públicos". 

Mario Chamorro, representante de la comunidad de San Pedrito Alto Mira, una vereda de San José de Uré ubicada en jurisdicción del Nudo de Paramillo, indica que todos sus habitantes se fueron.  

“Ahorita mismo no hay habitantes en esa vereda porque fuimos desplazados el 18 de enero de 2018,  unas 57 familias y otras personas del resguardo indígena de Ochama que, por miedo a lo que ocurrió, salieron desplazados. En total son 157 familias que huyeron”, comenta Chamorro.

Cuenta, además, que ese día llegaron de un momento a otro los asesinos y mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal. “Reúnen a la comunidad y le dan medio día para que se vayan, no dijeron nada más”.

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Agrega que allí la gente ha vivido de los cultivos ilícitos. El programa de sustitución nos da un subsidio por erradicar la coca pero no han sido tan cumplidos y cuando uno coge la platica ya la debe. Nosotros acá en el pueblo pasamos por una situación muy verraca”, dice en voz baja.

Otra de las preocupaciones de los residentes en el sur de Córdoba es la estigmatización. Alfredi Ramos, vocero del cabildo indígena Zenú de Nueva Ilusión Versalles, afirma que la principal dificultad de la comunidad es la lucha contra la fuerza pública del Estado por falsos positivos y capturas de personas por acusaciones que nada tienen que ver con el conflicto; son unas 60 personas han sido capturadas desde el 2013 hasta ahora.

Los acusan de hacer parte de esos grupos, lo cual no es cierto. Nosotros lo que queremos es estar fuera de este conflicto y entre menos uno sepa y se involucre mucho mejor”, insiste Ramos.

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San José de Uré está ubicado en un corredor estratégico que tiene salida al mar y conecta con el Nudo de Paramillo, lo que permite a los grupos al margen de la ley sacar cocaína, explotar oro ilegalmente, traficar armas y proteger cultivos ilícitos.

Es el mismo territorio que por muchos años fue dominado por las llamada Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá que manejaban los hermanos Castaño Gil y Salvatore Mancuso.

Pese a varias alertas tempranas que ha lanzado en su momento la Defensoría del Pueblo, los asesinatos de líderes sociales y campesinos continúan y miles de personas están confinadas o se han desplazado.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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