Suecia castiga con multa y prisión a quienes pagan por sexo

En 1993 y en medio de una división de la sociedad sueca, a favor y en contra, se inició en ese país, un profundo debate sobre la prostitución.

La base del análisis, según Tommy Strömberg embajador de Suecia en Colombia, “más que nada fue una posición de la sociedad y del parlamento, frente a lo que significa una práctica no justa y que no se hace en condiciones de igualdad, por lo que se decide castigar al comprador pero no a la persona que se encuentra en condición de prostitución”.

Cuando se reglamentó la ley, en Suecia, un país con la misma población de Chía, Bogotá y Soacha juntos, las autoridades contabilizaron un promedio de 2.750 prostitutas; hoy, 19 años después de la entrada en vigencia de la ley, esa cifra no llega a un centenar.

“La gran mayoría de personas dedicadas a la prostitución se encontraba en situación de vulnerabilidad, en una situación en donde no tenían opciones; entonces la política no es el castigo sino más bien ofrecer diferentes opciones y vías de encontrar otros oficios”, agregó el embajador Strömberg.

(Vea también: La cara oculta de la prostitución)

Desde 1999 se han recibido un total de 6.425 denuncias en contra de compradores de sexo. Desde 2015 aproximadamente son sancionadas entre 300 y 500 personas anualmente pues “la persona que contrata un servicio sexual puede ser castigado con multa o prisión hasta de un año; dependiendo del grado de vulnerabilidad de la persona en estado de prostitución es más severo el castigo”, puntualizóel embajador.

En Colombia propuesta de sanción para compradores de sexo se hundió

En Colombia hace un año, se intentó replicar el modelo sueco. La representante a la Cámara ClaraRojas, lideró la propuesta en el Congreso partiendo de la necesidad de cambiar la situación de las personas en condición de prostitución en el país.

Argumentó que dichas personas “están perdiendo la vida, son objeto de maltrato cruel y unas prácticas muy bajas y muy difíciles de sobrellevar, por eso empezamos a analizar, a nivel comparado, cómo se maneja en otros países esta situación”.

A diferencia de Suecia, el mayor obstáculo y oposición según la representante Rojas, fue impuesto por los congresistas hombres pues “por lo menos es lo que han manifestado y en parte porque muchos de ellos, no en lo personal pero si como grupo, son los que pagan por los servicios y todavía tenemos una cultura muy machista que considera que este no es un tema para hablar por encima de la mesa”.

Finalmente la propuesta de multar o de meter a la cárcel a quienes en Colombia paguen por sexo, se hundió.

“Yo creo que es una tema de consciencia, un tema social, que la gente entienda que realmente no necesita adquirir estos servicios para sentirse más hombre o más capaz, a veces hay un tema de volver a reforzar, cómo sería el rol masculino”, puntualizó Clara Rojas.

La discusión propendiendo por la equidad de género favoreció la aprobación de la ley para castigar a los compradores de sexo en Suecia. En este país, en donde no hay prostíbulos, no se presenta el delito de trata de personas y hace 16 años no se presenta un feminicidio.