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La Unidad de Víctimas prioriza el pago a mayores de 75 años y personas con discapacidad.

Víctimas de la violencia en audiencia en Puerto Ríco, Meta.
Víctimas de la violencia en audiencia en Puerto Ríco, Meta.
RCN Radio

Líderes de víctimas del centro y oriente del país advierten que una normativa, eventualmente, podría impedir que una gran cantidad de colombianos accedan a la reparación económica por las afectaciones en el conflicto.

La resolución 1958 de la Unidad de Víctimas establece los criterios de priorización de las indemnizaciones a dichas víctimas y entre ellos están los mayores de 74 años.

Olga Lucía Ospina, Coordinadora de la mesa de víctimas del Meta, aseguró que por la conocida falta de recursos esa priorización conllevará a que en la práctica no haya acceso a indemnizaciones a otros grupos poblacionales.

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“Cómo es posible que la indemnización para ellos sea de los 75 años en adelante; no alcanzan a disfrutar eso y, en realidad, muchos de ellos se han muerto, muchos abuelos esperando esa indemnización y eso es injusto”, dijo.

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Para la vocera de las víctimas la priorización no le sirve a nadie, tampoco a los adultos mayores, porque el resolución pone un piso demasiado alto para ser beneficiado.

La misma preocupación expresa Alejandra Arboleda, personera de Puerto Rico (Meta). Allí, por ejemplo, nueve de cada diez pobladores son víctimas y buena parte de ellos son adultos mayores quienes, sin embargo, no llegan al piso de los 75 años.

“Hemos tenido mucha negativa de la Unidad de Víctimas para ejecutar los pagos de indemnización además. Acá en Puerto Rico esta población víctima es muy alta, sobre todo adultos mayores y personas con discapacidad”, advirtió la funcionaria local.

Desde la Unidad de Víctimas son claros en asegurar que “es imposible pagar en un solo momento la indemnización a todas las víctimas que tengan derecho a ser indemnizadas (millones de personas. El procedimiento contempló una atención prioritaria y urgente para aquellas víctimas mayores de 74 años, y para las personas con discapacidad y/o enfermedad que le genere dificultad en el desempeño igual o superior al 40%”.

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Las víctimas que no tengan las características de la ruta priorizada y que tengan derecho a ser indemnizadas accederán gradualmente al pago de la indemnización”, aclara la entidad, enfatizando que no se trata de una exclusión sino de una priorización.

José María Balcázar, delegado de víctimas de la Defensoría del Pueblo, asegura que si bien muchas víctimas piensan erróneamente que están excluidos de entrada, lo cierto es que en el orden de prioridades muchos se ven muy lejos de acceder a la reparación.

Dijo que “75 años en zonas distantes y con una situación de vida precaria contribuye a que no se tenga una expectativa de vida alta. El llamado desde la Defensoría es para que se generen nuevos e importantes recursos”.

La Unidad de Víctimas defiende que los escasos recursos deben atender primero a los más vulnerables, mientras los afectados piden que no haya víctimas de primera, de segunda o tercera categoría, más aún si el criterio es cumplir 75 años en un país cuya esperanza de vida es de 74.

Fuente

RCN Radio

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