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Niñas indígenas wayúu se preparan para realizar el tradicional baile La Yonna, en La Guajira.
Niñas indígenas wayúu se preparan para realizar el tradicional baile La Yonna, en la localidad de Tres Bocas, en el departamento de La Guajira.
AFP

En febrero de 2017, la Corte Constitucional emitió una sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucionales en en departamento de La Guajira.

El ese entonces, el alto tribunal evidenció “la violación injustificada y desproporcionada de derechos” fundamentales de la comunidad wayúu, que representa el 45 % de la población, por la falta de agua potable, seguridad alimentaria y salud.

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En ese fallo, la Corte emitió una serie de órdenes al Gobierno nacional encaminadas a mejorar la crisis humanitaria en La Guajira. Una de ellas fue la creación de un Plan de Acción a favor de la comunidad indígena como el primer paso para la solución, pues la única salida para superar ese estado inconstitucional es “garantizar los derechos al agua, salud, alimentación y participación étnica en conjunto”, dijo la Corte.

Pero la Veeduría Ciudadana, conformada por seis organizaciones -entre ellas la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), que vigila el cumplimiento de la sentencia-, concluye que después de tres años la comunidad indígena continúa en riesgo porque el fallo no se ha cumplido a cabalidad.

Sequía en La Guajira.
RCN Radio.

El estado de cosas inconstitucional continúa inamovible (…) la situación de derechos de los niños wayúu y sus comunidades ha empeorado a causa de la pandemia de la covid-19 (…) el plan de acción, sustantivo para el cumplimiento de la sentencia, no se ha estructurado”, registra el informe anual.

Según las cifras entregadas por la Veeduría en ese informe, en los últimos años se ha registrado la muerte de 63 menores de edad por desnutrición, mientras que la organización Human Rights Watch (HRW) y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins ha informado a la Corte que, “en 2019, la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de cinco años” en La Guajira “fue casi seis veces la tasa nacional”, debido “parte a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud”.

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Sin embargo Ruth Chaparro, presidente de la veeduría ciudadana, advierte que la cifra de muertes podría ser aún mayor porque existe un subregistro de los casos; es decir, los niños que no han sido identificados ni valorados.

“El subregistro en La Guajira es de cerca del 70 %; la situación es realmente grabe a sabiendas que según el Instituto Nacional de Salud en lo que va corrido del año 2021 se han reportado 11 muertes de menores de cinco años por causas asociados a la desnutrición”, señaló.

Cultivos secos en rancherías por falta de agua
RCN Radio

Julián Gutiérrez, investigador de DeJusticia en ese caso, dijo que “para 2019 la mortalidad por desnutrición en menores de cinco años represento el 18% del total nacional y el promedio de desnutrición crónica en La Guajira que es del 26%, resultó ser más del doble que el nacional. Pero no hay cifras detalladas sobre la desnutrición global y aguda”.

El agua de los ríos se ha secado, en parte por la actividad extractivista de las multinacionales, y la poca agua que corre y que es de consumo de la comunidad wayúu es de color marrón. Los animales se han muerto por la sequia constante en la región.

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Lo más alarmante para la Corte Constitucional es que solo tres de los 16 hospitales que existen en la región ofrecen atención para casos complejos de desnutrición aguda y están a varias horas de camino de la comunidad wayúu.

A esa problemática se sumó la pandemia del coronavirus, “que ha limitado aún más el acceso a los derechos, bienes y servicios de consumo colectivos” pues, a falta de agua limpia y potable, la comunidad indígena no puede cumplir con el protocolo de lavado de manos constate.

Niños buscando agua en rancherías
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Mientras que las pilas ubicadas bajo el programa Guajira Azul no logran cubrir el cien por ciento de las comunidades de la región, porque varias comunidades están por fuera del rango de cobertura y el suministro es limitado, “cuando la orden de la corte es entregar veinte litros por persona hoy solamente se están entregando seis litros”, dijo la presidente de la Veeduría.

Adicional a ello, varios pozos de Manaure y Uribia construidos para sacar agua están dañados. “De los 29 pozos perforados, nosotros visitamos 17 y encontramos que de esos 13 están dañados y cuatro funcionan con baja capacidad”, dijo Chaparro.

El fallo del 2017 ordenó al Tribunal de Riohacha que hiciera cumplir la sentencia, pero lo que ha hecho, según lo constatado por la Corte Constitucional es dilatarlo dándole injustificados plazos al Gobierno para crear el plan de acción que protegería a la comunidad y los menores wayúu.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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