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Protesta regreso a clases presencial en las instituciones de educación pública del país sin las medidas y protocolos de bioseguridad
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El concejal de Bogotá, Luis Carlos Leal, apeló la decisión del Juzgado Primero de Familia de Bogotá que en un fallo, negó a los trabajadores de la salud las medidas de bioseguridad que deberían ser entregadas, por parte de las ARL y el Ministerio de Salud.

Según el cabildante, el juzgado manifestó que el personal de la salud no está en peligro, ni en condiciones de vulnerabilidad, desconociendo la realidad que se vive en varias regiones del país por la pandemia.

“Existen errores, tanto de hecho como en derecho en la sentencia emitida por el mismo juez, quien el pasado 15 de mayo, en primera instancia, falló a favor del personal de la salud, obligando al Ministerio de Salud y a las ARL a entregar, dentro de las 48 horas siguientes, todo el material de bioseguridad necesarios”.

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Además, señaló que “67 días después, profiere un segundo fallo en total contradicción, utilizando los mismos argumentos jurídicos con los cuales había reconocido la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores de la salud”.

Señala el concejal Leal que en la impugnación se hacen tres peticiones para el Tribunal Superior de Bogotá. “La primera es declarar la nulidad de la sentencia por vicios de forma y de fondo en la apreciación de las pruebas y en la decisión”, explicó.

La segunda hace hincapié en que el mismo juzgado desconoce los derechos fundamentales que había garantizado en primera instancia, como lo son el derecho a un trabajo digno, a la salud y a la vida. 

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“La tercera petición es que se compulsen copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación y a los órganos de control para que conozcan el caso y decidan si el juez amerita una investigación, pues existió prevaricato y falsedad ideológica en documento público” , dijo.

“Esta decisión se toma cuando Colombia registra actualmente más de nueve mil contagios y unas doscientas muertes diarias por la pandemia", indicó.

Apuntó que "mientras tanto, las ARL siguen incumpliendo con su obligación y disfrutando de los recursos públicos que el Gobierno ordenó usar para entregar el material de bioseguridad al personal de la salud, que arriesga su vida y las de sus familias, e incluso trabaja contra el escarnio en la primera línea”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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