En zonas rurales de 630 municipios no hay puestos de salud, advierte MinSalud

En los debates de control político de la Comisión Séptima y la Plenaria del Senado de la República, la ministra de Salud, Carolina Corcho, hizo una férrea defensa de la reforma a la salud que alista el Gobierno Nacional para el 2023.

La funcionaria fue enfática en señalar que cada día crecen las deudas que tienen las EPS con los hospitales públicos, sumergiéndolos en una gran crisis económica.

“El otro año el Gobierno radicará y presentará su propuesta para la discusión de la reforma a la salud, nosotros esperamos que ya sobre un documento se pueda hacer una discusión, donde tenemos que solo siete EPS cumplen condiciones financieras de acuerdo al ranking de la Superintendencia Nacional de Salud y que de esas siete EPS son menos las que cumplen con las condiciones de gestión del riesgo en salud, las demás no cumplen”, manifestó.

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Señaló que es necesario que el sistema de salud haga una transición, porque en el momento en que se liquiden las EPS que no funcionan se puede generar un problema mayor.

“Cuando empecemos los traslados de los pacientes de esas EPS que no funcionan a las que si funcionan estas se desploman, por lo que el país tiene que llegar a una reforma estructural porque la realidad es que hoy está agotado el sistema de intermediación y administrativo”, manifestó.

Dijo que la situación de las EPS es grave porque siguen aumentando las quejas de los colombianos ante la Superintendencia Nacional de Salud.

“Desde enero a octubre más de un millón de quejas y peticiones se han tenido de colombianos que suplican una atención médica, lo que grave”, sostuvo. La ministra aseguró que es grave que en el país se tienen poblaciones donde no se tiene un centro de salud para la atención de las comunidades.

“Es grave que en Colombia se tenga 630 municipios que en su área rural no tienen un puesto de salud para la atención de los niños, la mujeres y adultos que necesiten una atención primaria”, indicó.

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Corcho en los debates explicó cómo funcionan los mecanismos financieros del sector y cuáles son los problemas estructurales que presentan y ponen en riesgo la prestación del servicio.

“No hay un cálculo que compense las inequidades de los territorios. En los territorios más dispersos son más costosas las atenciones de salud, porque es más costoso el transporte y es más costoso pagar un intensivista en el Guainía que en Bogotá; eso no lo tiene en cuenta la UPC”, aseguró.

Destacó que la Unidad de Pago por Capitación no cuenta con ajustadores e indicadores incentivos a la prevención. “El sistema está diseñado para ser un barril sin fondo en donde se privilegia la enfermedad, el alto costo. Lo mejor que le puede pasar a una EAPB es que la gente esté enferma, porque factura más contra el Estado. Todo lo contrario a un seguro privado”.

Dentro de su ponencia habló también de los presupuestos máximos, que para 2023 están estimados en $3.8 billones extra al aumento de la UPC, y estos son recursos extra al fondo de salvamento que tendrá que generar Hacienda para cubrir parte de la deuda del hueco fiscal que tiene el sistema.