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Discusión de la reforma a la salud
Discusión de la reforma a la salud
RCN Radio

Un estudio de Transparencia por Colombia y Así Vamos en Salud, afirmó que los sistemas de salud se enfrentan a riesgos de corrupción debido a los enormes presupuestos públicos que manejan, la falta y asimetría de información entre los múltiples actores involucrados, y a la complejidad en la gobernanza y regulación de los sistemas.

Las organizaciones presentaron un informe luego de hacer una revisión de 67 casos de corrupción en el sector salud registrados entre 2016 y 2020, donde se indica que las principales irregularidades en el actual sistema son de tipo administrativo, privado y político, con un costo estimado de 1,63 billones de pesos colombianos.

Según el estudio, “los servidores públicos fueron responsables del 46,2% de estos casos. Los actores privados también jugaron un papel importante en el 37,3% de los casos registrados”, señaló.

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Los delitos más comunes asociados con la corrupción fueron la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales, y el prevaricato por omisión. 

“Cerca del 25% de los casos de corrupción estaban relacionados con irregularidades en el suministro de medicamentos, como sobrecostos, beneficiarios ficticios, cobros por medicamentos no entregados, tráfico y falsificación de medicamentos”, explica el documento.

En el marco de la evaluación, se tuvieron en cuenta los riesgos de corrupción en el proyecto de reforma a la salud que se discute actualmente en el Congreso, a partir de tres criterios: si la propuesta cuenta con suficientes medidas de visibilidad y acceso a la información; si la institucionalidad y gobernanza del nuevo sistema limitarían adecuadamente la discrecionalidad de los actores involucrados; y si la reforma cuenta con suficientes mecanismos de control y sanción. 

“Sobre la visibilidad, teniendo en cuenta la complejidad de la conformación del presupuesto del Sistema propuesto, se podría generar un riesgo de opacidad en la información. Se requiere una estrategia de transparencia presupuestaria que involucre a todas las fuentes que financiarán el sistema, así como la obligatoriedad de la publicidad de la información de contratación”, dice el estudio.

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Si bien la creación del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud (SPUIIS) aportaría a una mejora de los datos abiertos y de la rendición de cuentas del sistema de salud, el reto de implementación de un sistema único es enorme, por lo cual se podrían considerar esquemas efectivos de interoperabilidad de sistemas ya existentes. 

“En cuanto a los medicamentos, la reforma propone la compra centralizada de medicamentos por subasta pública, sin embargo, esto debe acompañarse de criterios claros y objetivos para su realización”, dice el texto.

Sobre la institucionalidad y la gobernanza: la reforma debería estar acompañada de medidas de prevención de riesgos de injerencia política y de corrupción. Es necesario asignar al Ministerio de Salud y de Protección Social la responsabilidad de establecer una estrategia sectorial de lucha contra la corrupción en este ámbito. 

“Por último, se considera que actualmente la ADRES no cuenta con la capacidad para responder por el manejo centralizado de recursos de todo el sistema, por lo cual se podrían crear nuevos riesgos de mal manejo de los mismos”, indicaron las organizaciones.

Sobre el control y sanción el estudio dice que es de destacar que el proyecto contempla un rol activo en la participación ciudadana y las veedurías dentro del sistema de control, así como facultades importantes para la Superintendencia de Salud, como sancionar a personas jurídicas, incluyendo a sus socios controlantes y beneficiarios finales, que requerirán un fortalecimiento significativo de la entidad. 

El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, aseguró que “la reforma puede corregir situaciones que han facilitado casos graves de corrupción en el sistema de salud, sin embargo, la propuesta que discute el Congreso es altamente compleja y requiere de medidas concretas y estratégicas para evitar riesgos de malversación, politización y clientelismo en el sistema”.

Por su parte Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, indicó “una reforma al sistema de salud debe establecer una institucionalidad que haga más transparente su operación. Las capacidades de las instituciones de salud nacionales y territoriales se deben fortalecer para prevenir focos de corrupción. El proyecto de reforma actual, conforme está planteado, puede incrementar los riesgos que en esta materia tiene el sector”, añadió.

En el análisis también se identifican debilidades en el trámite legislativo realizado hasta el momento. A juicio de las dos organizaciones, la reforma debería tramitarse como ley estatutaria, por regular aspectos esenciales del derecho fundamental a la salud. 

“También, se identifican posibles vicios de trámite en el paso del proyecto por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que podrían llevar a la inconstitucionalidad del proceso”, puntualiza el documento.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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