Exigen a alcaldías gestionar reconocimiento y pago de los costos de vacunación anticovid 

La Procuraduría General de la Nación exhortó a los entes territoriales del orden departamental, distrital y municipal y a otras entidades para que realicen todas las gestiones sobre reconocimiento y pago de los costos de vacunación contra la covid-19.  

El órgano del Estado, a través de la Circular 08 del nueve de julio de 2021, solicitó a los entes territoriales realizar seguimiento y vigilancia a las entidades habilitadas para la vacunación, con el fin de asegurar el pago de las actividades asociadas al Plan Nacional de Vacunación y el flujo de los recursos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

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Adicionalmente, requirió a las entidades territoriales que soliciten capacitaciones al Ministerio de Salud y Protección Social, para mejorar el proceso de digitación y cargue de la información sobre la aplicación de las vacunas en el sistema de información nominal “Paiweb”, a fin de que se radiquen ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd) las cuentas de cobro y/o facturas relacionadas con la aplicación de la vacuna para la covid-19.  

Es de resaltar que, según el informe de pagos presentado por la Ungrd, con corte al siete de julio del 2021, se tenían que, de los 20.198.661 millones de dosis aplicadas, se había digitado 12.304.232 millones correspondientes al 61% y se habían presentado a la Unidad de Gestión de Riesgo 798.459 correspondientes al 12% de dosis aplicadas, para un pago total del 3% de dosis aplicadas.  

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Frente a lo anterior, para el Ministerio Público estas demoras podrían tener un efecto negativo en la continuidad y efectividad del Plan Nacional de Vacunación, en el pago de las obligaciones prestacionales al personal vacunador y en la garantía al derecho fundamental a la salud. 

Por último, la Procuraduría instó a las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de regímenes Especial y de Excepción en Salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y los entes territoriales a mantener una continua comunicación y socialización con las entidades vacunadoras frente a los criterios establecidos para el registro de la población vacunada, entre otras cosas, para así lograr la liquidación nominal.