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Así lo denunció el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).

Billetes de 100 mil pesos colombianos
Billetes de 100 mil pesos colombianos
Colprensa (Referencia)

A mediados del año 2018 la Procuraduría General de la Nación prendió las alarmas frente a lo que la entidad denominó en su momento como ‘el cartel de los embargos a la salud’, una práctica irregular que consiste en que grupos de abogados con un presunto aval de jueces y funcionarios, solicitan medidas cautelares en contra de los recursos inembargables de las cuentas maestras y procesos de compensación de las EPS.

La actividad ilícita, según indicó la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), entidad que denunció que estos hechos se siguen repitiendo, advirtió que los embargos “dejan sin operatividad y ponen en riesgo la salud de sus afiliados, en especial las poblaciones que requieren tratamientos de alto costo”. 

Gustavo Morales Cobo, presidente de ACEMI, aseguró que la amenaza detectada por el Ministerio Público en junio del año se mantiene vigente.

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“El año pasado, se estimaba que 500 mil millones de pesos que debían estar dispuestos para la prestación de servicios de salud, se encontraban en depósitos judiciales. Hoy esta dinámica continúa y está agravando la crisis que vive el Sistema de Salud”, advirtió Morales.

Asimismo, el representante del gremio indicó que los embargos se realizan a pesar de que los recursos de la salud han sido declarados constitucionalmente inembargables. 

“Varios jueces de la República, en especial de la Costa Caribe y Antioquia, contrariando el ordenamiento de su ente rector, realizan este proceso con recursos de diversas EPS, sin importar las medidas disciplinarias que conllevan sus actuaciones”, aseveró el presidente. 

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Finalmente, el funcionario manifestó que es irracional que a la iliquidez del Sistema de Salud, se debe sumar el valor de los procesos judiciales, honorarios de abogados e intereses asumidos por dineros de la salud.

“Existe reconocimiento de las deudas por parte de las EPS a las IPS y estamos en proceso del reconocimiento de la deuda por los conceptos de lo NO POS por parte del Estado a las EPS. Por ello es inaudito ese pago de más a procesos judiciales y demás. Por intereses particulares no se puede poner en riesgo un sistema de salud que tiene muchas necesidades”, argumentó Morales.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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