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Primera Infancia
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El pasado puente festivo se conoció el caso de una menor de edad, de dos meses de nacida, perteneciente a la comunidad indígena emberá katío, procedente del resguardo Koredó del municipio de Tierralta, quien falleció, según señala la Defensoría del Pueblo, por la negación del servicio de salud, por parte de la Nueva EPS, quienes le habrían negado la atención, al no tener su registro civil, aún así cuando sus padres se encontraban afiliados a esta entidad. 

Según señaló la Defensoría, el Registro Civil de la menor sólo se obtuvo una vez se presentó su fallecimiento. La Nueva EPS emitió un comunicado donde rechaza estas afirmaciones y explica la situación que se vivió en el Hospital San Jerónimo de Montería. 

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Según señala la entidad, "la menor ingresa en regular estado general con un cuadro de un día de evolución consistente en fiebre, deposiciones diarreicas, vomito, tos seca y deshidratación severa; una vez realizado el ingreso y examinada la menor se hace un diagnóstico de desnutrición severa y sepsis de probable origen gastrointestinal".

La EPS confirma que la menor no contaba con el Registro Civil, pero aún así, señala que en ningún momento se le rechazó la atención. 

"Inmediatamente se inicia tratamiento de acuerdo a las patologías descritas con seguimiento por pediatría, quien confirma los diagnósticos anteriores, adicionando Anemia, basados en la evolución de la menor, el alto riesgo de descompensación por comorbilidades descritas, se solicita traslado a unidad de cuidados intensivos pediátricos por la necesidad de monitoreo intensivo y se inicia el respectivo proceso de referencia".

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Así mismo, la entidad respondió a la atención de un menor de cuatro meses, el cual se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Bajo Sinú, el cual requiere una remisión a un hospital de primer nivel. 

"Para finalizar Nueva EPS aclara que en ambos casos, tanto la compañía como las clínicas tratantes, garantizaron toda atención médica, administrativa y asistencial que los usuarios pudieran requerir y en ningún momento hubo negación de algún servicio o autorización que pudiera poner en peligro la vida de los usuarios", sostuvo.  

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado frente a estos casos, que según denuncia la Defensoría, demuestra la dificultad en el acceso a la salud, por parte de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas en Córdoba. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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