Por ley, víctimas de ataques con ácido tendrán prioridad en atención en salud

El presidente de la República, Iván Duque, sancionó la ley que obligará al sistema de salud a una atención inmediata para las personas que sean víctimas de ataques con ácido o sustancias corrosivas similares.

Advierte la norma que, de ahora en adelante, los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarios para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas, no tendrán costo alguno y estarán a cargo del Estado.

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Asimismo, la ley establece que el Gobierno Nacional deberá reglamentar la adopción de medidas y mecanismos que les permitan a las víctimas acceder a la formación para el trabajo, así como a la oferta pública y privada de empleo.

El documento de la ley señala que “la norma de 13 artículos reconoce a las víctimas de ataque con sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel, como víctimas de enfermedades catastróficas. Además, caracteriza el tipo de sustancias o agentes químicos como aquellos que en contacto con la piel causan lesiones parciales o totales en las víctimas, sin importar que la lesión sea de carácter permanente o temporal”.

Y agrega: “no obstante, la disposición hace énfasis en que las víctimas de este tipo de delitos deben primero agotar otras instancias como las pólizas de salud, medicina prepagada o el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin que ello implique ningún gasto ni erogación económica a su cargo o de sus familiares”.

También señala que el Ministerio de Salud debe garantizar el acceso a los insumos, procedimientos y tecnologías que el médico tratante o el especialista necesite para atender a este tipo de pacientes.

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La Ley ordena a las EPS que ejerzan sus funciones para garantizar al afiliado, en menos de 24 horas, todo lo que solicite el médico para la atención del paciente, incluidos insumos, tratamientos alternos y los procedimientos.

Además, la norma contempla que el Gobierno Nacional se encargará de garantizar la capacitación al personal estatal que tenga contacto con las víctimas de ataques con sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel, incluidos miembros de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal.