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Cortesia Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa para liquidar a la EPS Comparta y ordenó también tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la entidad prestadora del servicio de salud.

Según la Supersalud,  la crítica situación financiera y el incumplimiento de indicadores ponen en riesgo la vida y la salud de sus más de 1.5 millones de afiliados, por eso se tomó esta decisión.

“En la visita que realizó la Superintendencia, durante la segunda semana de enero del 2021, evidenciamos 43 hallazgos que demostraron el reiterado incumplimiento de esta EPS, a las órdenes que veníamos dando”, afirmó Germán Guerrero, Superintendente delegado de Medidas.

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Agregó que Comparta llevaba 5 años bajo medida de vigilancia especial por parte del Ente de Control, tiempo en el que tuvo 9 prórrogas sucesivas sin que lograra subsanar los hallazgos que originaron la medida inicial.

“Cabe recordar que el 13 de marzo de 2019, la Supersalud había revocado la operación de esta EPS en los departamentos de Huila, Cundinamarca y Bolívar y dos meses después ordenó la cesación provisional de acciones que ponen en riesgo el giro de los recursos”, indicó la Supersalud.

Comparta presta sus servicios a 1’519.449 afiliados, la mayoría de ellos en el Régimen Subsidiado, en 276 municipios y 12 departamentos: Arauca, Atlántico, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Tolima.

“Todos ellos serán trasladados por el Ministerio de Salud a otras EPS y mientras eso ocurre, Comparta deberá asegurarles la totalidad de los servicios”, subrayó.

Dentro de los hallazgos evidenciados por la Superintendencia se encuentra el patrimonio de Comparta que es negativo en $480 mil millones, lo que equivale a dos veces el total de activos, las cuentas por cobrar al mes de abril eran de 205 mil millones de pesos y a la misma fecha generaba una pérdida del ejercicio por 38.000 millones de pesos.

Presenta, además, incumplimientos en las tasas de muerte maternas y perinatales, al igual que en indicadores de citología y mamografía; no responde oportunamente las peticiones de sus usuarios, no entrega con oportunidad los medicamentos.

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En el caso de los adultos mayores, no entrega autorizaciones a tiempo, no presta los servicios de medicina especializada, no asigna con oportunidad las citas de medicina general, ni autoriza ni presta oportunamente los procedimientos quirúrgicos.

“En el 2020 tuvo 5.386 PQRD que ponen en riesgo la salud de los usuarios. Este año, a mayo, ya llevaban 1.922. El principal motivo: restricción en el acceso a los servicios de salud”, agregó.

Con Comparta, son ya 11 EPS las que han sido revocadas totalmente o liquidadas por la Superintendencia Nacional de Salud en el actual Gobierno.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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