Un litro de glifosato rinde para asperjar la cuarta parte de una hectárea, especialmente en cultivos de arroz, papa, maíz y soya.

Desde esta región, que tiene el mayor número de hectáreas cultivadas con coca, se reiteró la negativa al uso del herbicida.

El Gobierno Nacional reglamentaría los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para el uso del herbicida vía decreto.

El Gobierno comenzará a trabajar para establecer protocolos de protección a la salud y el medio ambiente, para volver a usar ese método.

Consideran que es una herramienta que permite luchar contra el narcotráfico.

Según el investigador Daniel Rico, la decisión del alto tribunal aclara quién debe evaluar el uso del herbicida.

En el Congreso de la República dividen opiniones sobre la decisión de la Corte Constitucional.

El Consejo Gremial también urgió al Gobierno a no bajar la guardia en la lucha contra las drogas.

Óscar Alfonso señaló que muy poco se ha hablado de la resistencia de algunos cultivos con el glifosato.

Ese tribunal estudiará una sentencia que en el 2017 suspendió el uso del herbicida por afectación a la salud y el ambiente.