Gobierno aplazó nuevamente firma de la licitación del dominio. CO

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplazó por segunda vez la fecha de la firma del contrato de operación del dominio. CO para el próximo 18 de mayo.

Según la entidad, la decisión se tomó teniendo en cuenta la renuncia de Sylvia Constaín, efectuada el pasado 3 de mayo de 2020 y el nombramiento y posesión de Karen Abudinen como nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que se surtió el pasado 5 de mayo de 2020.

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La extensión de este tiempo - según la entidad-, permitirá que la nueva ministra "disponga de un plazo razonable para las labores de empalme, en el proceso contractual y, de esta manera, garantizar el respeto de los principios rectores de la función administrativa", explicó el MinTIC.

Esta semana vencía el plazo dado por la Procuraduría General, organismo que inició hace unos días una investigación por posibles errores en la aplicación de los pliegos de evaluación durante la audiencia de adjudicación del contrato para administrar el recurso digital más importante del país.

Por su parte, el concesionario DoTCO, firma que participó en la licitación, manifestó que "la acción de la Procuraduría se refiere a un error matemático cometido durante esta diligencia el pasado 3 de abril, por la cual se dio como válida la propuesta de Co Internet S.A.S cuando en realidad no lo era".

Asimismo, reiteró que "en la comunicación de la Procuraduría al MinTIC se expone nuevamente el error que el Ministerio ha negado insistentemente".

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En su momento, el senador Iván Name radicó un derecho de petición dirigido a la ministra de ese entonces, Silvya Constaín, recordándole que la firma .CO Internet S.A.S es la empresa que desde 2010 ha tenido la responsabilidad de la promoción, administración y gestión técnica del dominio .CO.

Asimismo, dijo el congresista, esa empresa es una subsidiaria de Neustar, Inc. (NYSE: NSR), compañía norteamericana de tecnología "que en la actualidad funge como demandante contra el Estado colombiano en una absurda controversia contractual en la que entre otras pretensiones busca la suspensión de la licitación que le fue adjudicada".