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La acción legal se interpuso tras conocerse información "que pone en duda" la autenticidad de la garantía única de cumplimiento entregada por el contratista.
Colprensa

El Ministerio de las Tecnologías formuló una denuncia penal en averiguación de responsable por presuntas irregularidades y posible falsedad en la garantía aportada por el contratista Unión Temporal Centros Poblados que buscaba llevar internet a más de 14 mil colegios públicos.

Según esa entidad, la acción legal se interpuso tras conocerse información "que pone en duda" la autenticidad de la garantía única de cumplimiento entregada por el contratista.

En tal sentido el contratista rindió explicaciones en el marco del debido proceso en compañía del Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A., a quien identificó como entidad garante.Sin embargo, en el marco de la audiencia, "la apoderada del banco manifestó que la garantía bancaria presentada no fue expedida por su entidad", aseguró el MinTIC.

"Con la conectividad de millones de familias no se juega", señaló Karen Abudinen, ministra de las TIC.

De esa manera el Ministerio TIC procedió de manera inmediata a presentar las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación.

"Daremos noticia de esta situación a las autoridades penales y, en fecha posterior, ampliaremos nuestra manifestación al respecto”, sostuvo Abudinen.

La ministra declaró a su vez que" el país merece respeto. No vamos a permitir que los recursos destinados para conectar a los niños y niñas de este país se los roben inescrupulosos”.

El proyecto de Centros Digitales se creó para conectar a 14.745 instituciones educativas rurales, para lo cual se destinó una inversión de 2,1 billones de pesos.

MinTIC señaló que la Unión Temporal Centros Poblados recibió en licitación un contrato por 1,07 billones de pesos para cubrir la región B, que conforman los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Por tanto, precisó que el Ministerio TIC desplegará todas las acciones administrativas y judiciales "que permitan sancionar a los responsables de la falsedad y garantizar la satisfacción de los fines del contrato cuya ejecución quedará suspendida ante la ausencia de garantía".

Desde la asignación del contrato en diciembre del 2020, la ministra Abudinen ha realizado más de 30 reuniones "con el objetivo de mantener un control permanente sobre la ejecución de los recursos públicos y el avance hacia la meta de conectar el 70 por ciento del país antes de agosto de 2022", puntualizó esa entidad.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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